Merindades

02/07/2009

Energía nuclear

El Gobierno anuncia el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña para el día 5 de julio de 2013

El Ejecutivo prevé desarrollar un plan económico 'alternativo' con subvenciones de cerca de 100 millones de euros en cuatro años

Sala de control de la Central Nuclear de Garoña.

Jesús Matías

Europa Press

El Ejecutivo prevé desarrollar un plan económico 'alternativo' con subvenciones de cerca de 100 millones de euros en cuatro años

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, confirmó hoy el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) para el 5 de julio de 2013, una decisión que calificó de "meditada pero que no ha sido fácil de tomar".

En una rueda de prensa acompañado por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, el titular de Industria justificó el cierre de la central con cuatro argumentos. "Es políticamente coherente, laboralmente responsable, técnicamente justificable y energéticamente asumible", señaló.

Así, indicó que es "políticamente coherente" porque supone cumplir el programa electoral socialista, que apuesta por la economía sostenible, por las energías renovables y el ahorro energético. Igualmente, insistió en que se trata de una decisión "laboralmente responsable", porque los trabajadores de la central, tanto directos como indirectos, son la "prioridad" del Gobierno.

En este sentido, señaló que el Ejecutivo cuenta con un margen de cuatro años para ofrecer una "buena alternativa industrial" en la zona que garantice el empleo de los trabajadores de la central y "revitalice la región". "La actual coyuntura económica y social aconseja que impulsemos un plan de actuaciones para el desarrollo económico del entorno de la instalación con vistas a paliar el impacto de su cese de explotación", añadió.

Además, explicó que es "técnicamente justificable" porque la central ha cumplido con la vida para la que fue diseñada, y además produce más residuos que el resto de las centrales, "dadas sus características técnicas". En su opinión, las piscinas de residuos estarían cercanas a verse agotadas si la instalación burgalesa operase más allá de 2013.

Por otra parte, comentó que Garoña es "energéticamente asumible" porque la seguridad de suministro está "plenamente garantizada" gracias al mix energético español. En este sentido, recalcó que el resto de centrales podrán seguir operando hasta el "final de su vida útil", al menos hasta que cumplan cuarenta años y siempre que cuenten con las condiciones de seguridad establecidas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Asimismo, Sebastián indicó que la orden ministerial de este "Plan Garoña", por la que la central nuclear debe cesar su actividad, "no contempla" un escenario "reversible", ante un cambio de gobierno en las próximas elecciones de 2012. "En la propia orden se contemplan los pasos que tiene que dar la empresa para el cese de actividad, así como en materia de inversiones", añadió.

En la misma línea, aclaró que la decisión sobre el cese de Garoña "no tiene nada que ver" con el emplazamiento para una posible construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC). "Es una decisión independiente del cese de actividad y que tomará en un futuro próximo el Gobierno de forma consensuada con los municipios candidatos", puntualizó. UN PLAN PARA MANTENER O INCREMENTAR EL EMPLEO

Por su parte, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, avanzó que mañana elevará al Consejo de Ministros, junto a Industria, un informe para impulsar un plan de actuación territorial como alternativa económica a la central nuclear, que tendrá como objetivo fundamental crear tantos puestos de trabajo como los existentes o incluso incrementarlos.

En favor de este plan, Corbacho recordó que la UE permite acceder en esta zona a ayudas directas a fondo perdido para cubrir inversiones en nuevas actuaciones económicas. De este modo, podría subvencionarse hasta el 50 por ciento de la inversión necesaria, mientras que el resto podría obtenerse mediante créditos preferentes con coste cero. "Debemos aprovechar esa situación", añadió.

Más aún, preguntado por la dotación económica que tendrá el "Plan Garoña", Corbacho indicó que ello dependerá, entre otras cosas, de las subvenciones que se reciban, pero adelantó que "Industria trabaja con escenarios para subvenciones que en cuatro años podrían estar en los 100 millones de euros, pero que se complementarán con otros planes de inversión que se derivarán de lo que se vaya conviniendo".

A modo de avance, Corbacho concretó los "cinco ejes" que debería seguir este proyecto alternativo: la reindustrialización de la zona, una mejora de las infraestructuras que ayude a aumentar la movilidad y la competitividad del entorno, un impulso del turismo en la zona, un plan social de orientación y formación de la plantilla de Garoña y la compensación económica a aquellos ayuntamientos que pudieran ver mermados sus ingresos.

Finalmente, Sebastián concluyó la rueda de prensa subrayando que el Gobierno "no va a olvidar" a los trabajadores de la central burgalesa y va a trabajar por ellos. Con esta decisión, la autorización para operar se extenderá durante los próximos cuatro años frente a los diez que solicitaban los titulares de Garoña y a los que el CSN dio el visto bueno. De este modo, se convertirá en la primera central nuclear que opera más de 40 años en España.



La decisión sobre Garoña viene precedida de una polémica política y social



La decisión de prorrogar la actividad de la central de Garoña hasta 2013 ha estado precedida de una polémica política y social, incluso en el Gobierno y en el PSOE, donde la voz no ha sido unánime, una discusión que, no obstante, no ha servido para abrir un verdadero debate sobre la energía nuclear en España.

Esta decisión anunciada hoy por el Gobierno, que ha agotado casi el tiempo que tenía para hacerla pública (5 de julio), no ha contentado ni a las organizaciones ecologistas, que pedían el cierre inmediato, ni a la empresa Nuclenor, propietaria de Garoña, ni a sus trabajadores, que habían solicitado una prórroga de diez años.

El pasado 5 de junio el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) concluyó su informe sobre la planta, cuyo contenido oficial no se dio a conocer hasta el 8 de junio.

Ese día, la presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, detalló que el dictamen avalaba la prórroga por diez años con 15 condiciones.

Entre ellas, la de instalar antes de 2011 un nuevo sistema de tratamiento de gases radiactivos en caso de accidente, así como mejorar la protección contra incendios de equipos y sistemas de seguridad, antes del 2013.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha tenido un mes para reflexionar sobre el futuro de la central, de la que ya habló el 9 de junio.

El Gobierno se pronunciará "procurando mantener" su compromiso y teniendo en cuenta la seguridad de la planta y del suministro eléctrico y la apuesta por las energías limpias, indicó Zapatero.

Precisamente ese "procurando mantener" el compromiso electoral es lo que dio lugar a distintas cábalas en torno al futuro de Garoña.

El propio Zapatero recordó el compromiso socialista de "cierre ordenado de las centrales conforme hubiesen ido cumpliendo su vida útil siempre que quedase garantizada la suficiencia del suministro a los ciudadanos y a las empresas".

Una vez conocido el dictamen del CSN, el Ministerio de Industria solicitó una ampliación del mismo para conocer su parecer sobre una posible prórroga de la actividad por dos, cuatro o seis años.

El 24 de junio este organismo afirmó que algunas de las condiciones que había fijado podrían no ser exigibles si la prórroga se limita a dos años.

El Gobierno, desde el inicio, aseguró que velaría por los intereses de los trabajadores, sin embargo, éstos, con el apoyo de los operarios del resto de las centrales españolas, llevaron sus protestas a La Moncloa, el Congreso, Parlamento Europeo y enviaron una carta al presidente estadounidense, Barack Obama, para que convenciera a Zapatero de la prórroga.

Desde los partidos, el PP defendió abrir un debate sobre la energía nuclear en España y acusó a Zapatero de "montar lío".

Su presidente, Mariano Rajoy, opinó que la decisión es "disparatada" y obedece sólo al "capricho" de Zapatero, al que pidió una rectificación.

Especialmente beligerante se mostró la Junta de Castilla y León, que consideró que el cierre sería "una catástrofe".

Los ex presidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar (que ordenaron cerrar, cada uno, una central); los líderes de la CEOE, UGT, UPyD, además de los políticos del valle burgalés de Tobalina, donde está la central; son algunos de los que expresaron su oposición al cierre.

A favor se mostraron IU-ICV, el PNV y los ecologistas, encabezadas por Greenpeace, que en mayo denunció una posible fuga en la central, y que anunciaron un recurso.

Los ecologistas acusaron al ministro Miguel Sebastián de obstaculizar el camino hacia la energía renovable.

Precisamente, éste puntualizó que, al margen de Garoña, la energía nuclear es, hoy por hoy, "insustituible" para garantizar el suministro energético en España.

También el Parlamento Vasco y el de La Rioja aprobaron mociones a favor del cierre y 250 personalidades firmaron un manifiesto en esta dirección, entre ellas Hugo Morán, responsable socialista de Medio Ambiente.



El comité de empresa advierte de que el Gobierno "está invitando" a una huelga en la central


El Comité de Empresa de la Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) alertó hoy de que el Gobierno "está invitando" a los trabajadores de la instalación a una huelga, a raíz de su anuncio de cierre para el próximo 5 de julio de 2013. Además, no descarta que esta posible paralización se extienda al resto de las centrales nucleares, ya que cuenta con "un apoyo bastante fuerte" dentro del sector.

Según explicó un portavoz del comité a Europa Press a la conclusión de su reunión con representantes de Industria, el siguiente paso será el de "analizar" la situación, aunque insistió en que los trabajadores "demandan actuaciones".

Este mismo portavoz entiende que el único motivo a día de hoy que ha evitado la huelga ha sido la "responsabilidad de utilidad pública", algo que consideran que no cumple el Ejecutivo. "Parece que somos más sensatos que el propio Gobierno a la hora de tomar decisiones", aseguró.

El comité de empresa calificó de "educada y dura" la reunión con los representantes gubernamentales y avanzó que no hubo ningún punto de acuerdo. Los trabajadores de Garoña llegaron incluso a plantear bajar carga en todas las centrales nucleares --al entender que "la energía nuclear sobra en este país"-- algo a lo que se negó Industria.

A su entender, con el anuncio del cierre de la central "se cumple la tesis de las multinacionales ecologistas" y el Ejecutivo se posiciona "en contra" de la tesis del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que proponía renovar la licencia de explotación por diez años más.


Foratom lamenta cierre de Garoña y prevé problemas de seguridad energética


El Foro Atómico Europeo (Foratom) lamentó hoy el cierre de la central de Santa María de Garoña, previsto para 2013, y estimó que esta decisión "amenazará la capacidad de España de cubrir sus necesidades en seguridad energética y el cumplimiento de los objetivos del Protocolo de Kioto".

"Permitir que la central siga produciendo electricidad sólo hasta 2013 no es consistente con la recomendación del Consejo de Seguridad Nuclear de que la planta siguiera funcionando de manera segura hasta 2019", aseguró en un comunicado la asociación, que defiende los intereses de la industria nuclear europea.

El director general de Foratom, Santiago San Antonio, expresó su "desacuerdo" con una decisión tomada, a su juicio, en función de "criterios políticos".

"Esta medida amenazará la capacidad de España de cubrir sus necesidades en seguridad energética y el cumplimiento de los objetivos del Protocolo de Kioto de reducción de gases CO2", añadió.

El Gobierno español ha hecho público su veredicto tan sólo tres días antes de que expire el permiso de explotación actual (5 de julio) y dos años antes de que Garoña cumpla su vida de diseño, en 2011.

Esta decisión no responde a los intereses de ninguna de las partes implicadas, ya que los ecologistas habían solicitado el cierre inmediato de la central y la empresa propietaria, Nuclenor, y sus trabajadores había pedido la renovación del permiso de explotación por otros diez años, hasta 2019.    

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