El Pleno del Consejo de Cámaras de Comercio, que se reunió ayer en Valencia, abogó por diseñar un plan energético.
El pleno del Consejo de Cámaras, compuesto por los 88 presidentes de las cámaras de comercio españolas, aprobó ayer en Valencia una declaración «unánime» contra el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña. La postura está «en línea con las tesis del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en el que se aboga por una ampliación del permiso en diez años», apuntaron en un comunicado desde el Consejo.
Para las Cámaras, la política energética se ha de concebir como una «política de largo plazo que requiere como valor fundamental la máxima estabilidad de las normas» y por ello abogan «por diseñar y poner en práctica cuanto antes un nuevo Plan Energético». Entre las medidas que defienden en materia energética, recogidas en el informe ‘Propuestas ante la crisis’, y que fueron refrendadas ayer, está la prórroga de la autorización de funcionamiento de las nucleares en uso, tras el informe favorable del CSN, y potenciar el uso de energías que aporten un mayor nivel de autonomía (nuclear, renovables, biocarburantes).
También piden «abrir un debate público sobre las posibilidades y costes de cada tipo de energía, sin limitaciones ideológicas y establecer zonas de autorización rápida donde la necesidad de la infraestructura sea elevada y plazos máximos para la concesión o denegación de las autorizaciones.
Las Cámaras solicitan la eliminación del déficit tarifario, y la implantación de un sistema de facturación y de «gestión de demanda» que permita un consumo de energía más eficiente. Otras de las peticiones se refieren a la necesidad de acometer «un decidido programa de eficiencia y ahorro energético con campañas de concienciación ciudadana y empresarial y de auditorías a pequeñas empresas» y la puesta en marcha de un Plan de Garantía del Suministro. El fomento de la implantación de plantas de cogeneración y trigeneración en áreas industriales para ahorrar energía, mejorar la seguridad de abastecimiento, disminuir pérdidas de la red eléctrica, es otra de las propuestas aprobadas por el Consejo de Cámaras.
Nuclenor insiste
Desde Nuclenor, compañía propietaria de la central y que está participada al 50% por Endesa e Iberdrola, insisten en que la resolución final del Gobierno central «debe atenerse al dictamen técnico del CSN para los diez años», y esta posición es la que trasladaron a Ministerio de Industria en el trámite de audiencia sobre los informes del CSN para los escenarios de una prórroga de dos, cuatro o seis años.
Confianza de endesa
Por otra parte, el presidente de Endesa, Borja Prado, confía en que el Gobierno «permita obtener el máximo rendimiento a todas las instalaciones que, como Garoña, estén en condiciones» de operar «con la máxima seguridad». En su discurso en la Junta General de Accionistas de la compañía, Prado remarcó que «corresponde al Gobierno la tarea de fijar la estrategia energética del país, es su derecho y obligación, y siempre contará con nuestra colaboración».
«Esperemos que su decisión permita obtener el máximo rendimiento» a centrales seguras como, a su juicio, es Garoña, dijo Prado. En términos similares se expresó el hasta ayer consejero delegado de Endesa, y ahora presidente de la Fundación de compañía, Rafael Miranda, quien espera «una decisión responsable» y «en línea» con el informe del CSN, en el que se aboga por la prórroga de diez años.