Pancartas reivindicativas contra la demolición del edificio cuelgan de las fachadas desde hace meses.
Poco más de un año después la historia se repite en los números pares de la plaza de Vega. La tensión vuelve a planear sobre un edificio en el que se mezclan intereses inmobiliarios, una conservación deficiente y las pretensiones municipales de desarrollar una unidad de actuación que permitiría ensanchar la calle Valladolid. Los directamente afectados hablan de «acoso» desde el exterior, los propietarios no hablan y la administración asegura cumplir con su cometido.
El caso es que ayer finalizaba el plazo de 2 meses para el desalojo voluntario ofertado por el Consistorio, y que a partir de ahora será una resolución judicial la que determine el momento en el que los ocupantes del inmueble tendrán que irse forzosamente. Allí quedan unos vecinos en la segunda planta, la pensión Dallas en la primera y un bar con el mismo nombre en los bajos.
Todos coinciden en anunciar su resistencia «hasta que llegue el papel del juzgado». Y advierten que ellos mismos también han jugado sus bazas mediante la presentación de recursos en los que intentan paralizar o aplazar la demolición de la esquina.
Cualquier día podría repetirse la escena vivida en la madrugada del 30 de abril de 2008. Aquella noche la Policía Local desalojó el número 6, justo el que está habitado, por el riesgo de derrumbe provocado por las obras en el solar contiguo. El operativo se desarrolló sin incidentes pero generó polémica política y el consabido debate sobre las posibles soluciones a las decenas de edificios del centro histórico en situaciones similares.
Ahora el objetivo es la desaparición de toda la manzana (no solo el número 6 sino también el 4 y el 2 y el comienzo de la calle Calera) para acometer una operación urbanística de calado. Se trata de acabar con esa molesta esquina y dotar a la calle Valladolid de una configuración más razonable. Con el retranqueo de las edificaciones (se levantarían unas nuevas pero construidas 50 metros más atrás) se ganará un segundo carril en sentido centro ciudad, lo que debe contribuir a mejorar la fluidez del tráfico en un punto especialmente delicado. Asimismo se eliminarán las actuales barreras arquitectónicas y se dará continuidad a la acera para facilidad de los peatones.
La última del ‘Plan e’
Las obras están adjudicadas hace meses la unión de empresas formada por Campezo y Herrero Temiño, con un importe de 276.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Es una de las 17 cuya financiación estaba prevista con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, pero es la única que no ha podido comenzar.
El Gobierno central paga el ‘Plan E’ pero exige que sea ejecutado antes de que acabe el año, por lo que ateniéndonos a los plazos previstos cabe deducir que las obras tendrán que comenzar en el mes de septiembre si el Ayuntamiento no quiere tener que pagar la operación con fondos propios.