No es una novedad, los malos tratos que reciben algunos padres y madres a manos de sus hijos no son de ahora. Pero los juzgados de toda España y de Burgos sí que han percibido en los últimos tiempos un repunte de este tipo de delitos. En el juzgado de Menores de Burgos, desde 2007 han entrado 23 casos de violencia intrafamiliar cometida por chavales con edades inferiores a 18 años. De ellos, 21 estaban relacionados con agresiones de los hijos a sus progenitores, abuelos o hermanos, y dos fueron cometidos en el ámbito de la pareja. Es decir, entre dos jóvenes que convivían bien en su propio hogar o en el de sus padres.
Los denunciados suelen descargar esos niveles tan altos de agresividad con todos los miembros de la familia que tienen a su alcance, «no hacen distingos», según afirma la juez de Menores de Burgos, Blanca Subiñas.
El incremento de casos obedece a que muchos padres han vencido el miedo o «la vergüenza» a presentar denuncia contra sus propios hijos. «Hasta no hace mucho este tipo de violencia se quedaba en el ámbito familiar, pero muchas familias, hartas del sufrimiento, se han atrevido a denunciar», afirma la juez. En algunas ocasiones, las denuncias no terminan en juicio, bien porque el menor muestra arrepentimiento o bien porque la familia termina retirando la denuncia.
solo una parte. No obstante, «los casos que llegan hasta el juzgado son muy pocos, son la punta del iceberg», asegura José Fernández, uno de los dos fiscales delegados de Menores. «Cuando los padres acuden aquí es la última salida, lo han intentando todo y cuando relatan los hechos aseguran que las agresiones verbales o físicas comenzaron años atrás», afirma.
Sacar a la luz que un hijo es tu propio agresor «no es fácil». Sin embargo, «los niveles de violencia verbal e incluso los malos tratos padecidos prácticamente a diario ha hecho que muchos padres se atrevan a denunciar», afirma la juez de Burgos. En otro casos, afirma Fernández, «ni siquiera hay denuncia de por medio», los padres llegan al juzgado simplemente «pidiendo ayuda porque la situación ya les supera».
Entre las causas que baraja Subiñas están la creciente permisividad que se respira en los hogares españoles y el aprendizaje de los actos de los progenitores. «Si un padre se comporta de forma violenta en casa los niños lo ven y lo repiten», indica.
Respecto al perfil de los menores agresores se dan más casos entre jóvenes que conviven en un hogar donde se dan otros episodios de violencia intrafamiliar. También se ha constatado que se trata de menores con un nivel socio económico familiar más elevado que el de otros jóvenes que cometen otro tipo de delitos. Son menores altamente dependientes, con baja autoestima, con predominio de familias monoparentales y en la mayoría de los casos, los padres han intentado -antes de la vía penal- un tratamiento sicológico. Los agresores ya no son mayoritariamente chicos. Las cifras, según apunta el fiscal, son cada vez más parecidas.
Estos menores pertenecen a un sector de la juventud que tiene una baja tolerancia a la frustración y que carece de empatía hacia quienes les rodean. Lo que quieren conseguir lo quieren pronto. Los padres han bajado su nivel de autoridad respecto a los hijos, el control dentro del domicilio se hace muy complicado en el día a día.
La denuncia resulta positiva para intimidar al menor. En casos graves solo el internamiento es una medida eficaz.
Cuando llega un caso de violencia intrafamiliar, la Fiscalía le otorga una prioridad absoluta con el fin de «reducir al máximo el riesgo de que la situación familiar se torne aún más traumática». Por ello, las citaciones a padres e hijos «se cuelan» entre otros asuntos. Y generalmente se toma declaración al día siguiente de presentarse la denuncia o de acudir los padres al juzgado.
medidas eficaces. En los casos de violencia practicada por hijos hacia sus padres, surgen dudas acerca de cuáles pueden ser las medidas correctoras más eficaces. En los últimos años, la convivencia en grupo educativo ha dado los mejores resultados, según afirma la juez de Menores de Burgos Blanca Subiñas. En Fiscalía desconfiaron en un principio de que tal medida tuviera éxito, pero José Fernández, uno de los fiscales delegados de Menores, asegura que «está dando resultados muy satisfactorios».
La convivencia en grupo educativo se realiza en dos centros situados en Salamanca, los llamados Santiago I y Santiago II. Los chavales que allí son enviados han de compartir lugar de residencia y estudios con otro tipo de jóvenes: inmigrantes sin hogar, chicos y chicas de los que se han hecho cargo los Servicios Sociales por la desatención de sus padres y jóvenes a los que envían sus propios padres, pagando, para que maduren y conozcan lo que es vivir fuera del hogar. «Y esta convivencia es muy positiva, porque los chicos conocen otras realidades, otras vivencias y se acostumbran a conseguir las cosas que desean por sus méritos y no por la presión a la que tenían sometidos a sus padres», afirma Subiñas.
En la actualidad dos chavales burgaleses se encuentran en ese centro «y la experiencia está siendo muy positiva para su reeducación».
No es el único tipo de medida que se impone a estos menores. En ocasiones de forma preventiva y nada más tener conocimiento de los hechos la Fiscalía debe ordenar que el joven abandone de forma temporal el domicilio familiar «con el fin de que las agresiones no vayan a más».
En este caso los Servicios Sociales se hacen cargo de su tutela y los envían a diferentes centros que hay en la provincia, hasta que la juez se pronuncia sobre la medida final que se les impone.
Si los hechos constituyen un delito de probada gravedad, la Fiscalía puede solicitar una medida de internamiento en diferentes regímenes -cerrado, abierto, etc-.
Otra de las medidas es similar a la que se aplica en el caso de agresiones entre mayores de edad: las órdenes de alejamiento, aunque no son la misma figura. En el caso del menor se imponen órdenes de prohibición de aproximación o comunicación a los padres. Lo que ocurre es que debe ser combinada con otro tipo de medida, ya que el menor no tiene domicilio propio y debe vivir bajo la tutela de los Servicios Sociales.