El plan de rescate del sistema financiero en Estados Unidos, valorado en unos 700.000 millones de dólares, se convirtió ayer en ley tras su aprobación por la Cámara de Representantes y la firma, inmediatamente después, del presidente George W. Bush.
Después de cuatro días de incertidumbre y arduas negociaciones entre bambalinas, una mayoría de 263 congresistas se pronunció a favor de la medida, frente a los 171 que lo hicieron en contra.
El lunes, los representantes habían rechazado el plan, cuando se cantaba victoria desde la Casa Blanca y en los pasillos del Congreso. Ayer la jornada comenzó con incertidumbre aunque, a medida que pasaban las horas, quedaba más claro que el proyecto de ley contaba esta vez con los sufragios suficientes.
Como en la votación del lunes, fueron más los demócratas que apoyaron la medida, 172, que los republicanos (91). La mayor parte de éstos últimos, 108, votaron en contra, como hicieron 63 integrantes del partido de Barack Obama. La medida, cuyo nombre oficial es Ley de Estabilización Económica de Emergencia, se presentó seguidamente ante la Casa Blanca, donde Bush la firmó de inmediato.
La entrada en vigor de la nueva norma constituye un respiro para el Congreso, bajo presión con el fin de aportar una solución a la crisis para el Gobierno y para los mercados después de semanas de turbulencias que el lunes causaron el mayor descenso en puntos del índice Dow Jones de la historia.
Pero los protagonistas han dejado claro que éste es sólo el primer paso y aún queda mucho por hacer para sanear una economía que ayer anunció el mayor descenso en puestos de trabajo en un mes, 156.000 en septiembre, de los últimos cinco años y medio.
Según dijo Bush, con la entrada en vigor de la ley «ayudaremos de manera valiente a que la crisis en Wall Street no se extienda por todo el país». El presidente aseguró que no es partidario de la regulación en general, pero que dada la gravedad de la situación en los mercados financieros «era necesario actuar».
Tras el rechazo de la Cámara de Representantes el lunes, el proyecto de ley, que a principios de semana ocupaba poco más de 100 páginas, se modificó para incluir una serie de enmiendas más que lo engordaron hasta sus 451 páginas definitivas, entre ellas más protección para los ahorros bancarios y ayudas fiscales a los ciudadanos hipotecados.
El eje central del acuerdo sigue siendo la capacidad del Tesoro para adquirir la deuda de mala calidad de los bancos por importe de hasta 700.000 millones de dólares. De ellos, podrá usar 250.000 millones inmediatamente y otros 100.000 si el presidente Bush determina que los necesita. El Congreso puede retener los restantes 350.000 millones si no está satisfecho con el desempeño del programa.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmó que no haber aprobado la medida hubiera tenido implicaciones «terribles» para la economía de los ciudadanos de a pie y atribuyó los problemas actuales a unos mercados «indisciplinados y sin supervisión» que causaron «el caos».
Según Pelosi, la iniciativa permite una mayor transparencia de las entidades financieras y una mejor reforma regulatoria.
Por su parte, para el líder de la minoría republicana en ese foro, Steny Hoyer, el proyecto de ley equivale a «haber efectuado una operación de emergencia a un infartado» y permitirá estabilizar la economía pero «no volveremos a la normalidad hasta que el paciente no haya empezado a comer normalmente y recupere la salud».
En un comunicado, el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, indicó que el plan de rescate es «un paso crítico para la estabilización de nuestros mercados y para garantizar el flujo crediticio a las familias y a las empresas».
Pero el triunfo no es gratuito. El coste del paquete de rescate superará con creces los 700.000 millones de dólares (504 millones de euros) que había solicitado el secretario del Tesoro el 20 de septiembre. Solo los alivios fiscales que el paquete promete a los pequeños empresarios y a la clase media trabajadora sumarán otros 100.000 millones.
Las quejas no se hicieron esperar, y los demócratas más conservadores desde el punto de vista fiscal, los conocidos como los blue dogs, pusieron el grito en el cielo por un programa que agrandará el déficit presupuestario del país.
Pese a estos inconvenientes, los legisladores han apostado por un plan que, confían, permitirá descongelar los créditos y, por tanto, reactivar la economía.